LOS DE ABAJO SIGUEN DE PIE r. Zibechi
Con la ofensiva de
septiembre, la oligarquía racista de Oriente se trazó dos objetivos: revertir
el aplastante triunfo de Evo Morales en el referendo revocatorio de agosto, en
el que alcanzó el 67 por ciento de los votos, e impedir la realización del
referendo constitucional previsto para diciembre, en particular bloquear la
consulta sobre la cantidad de hectáreas que pueden poseerse en Bolivia. La
oligarquía terrateniente y agroexportadora basa su
poder en el robo de millones de hectáreas a los pueblos originarios y, hasta
que Morales llegó al Palacio Quemado, en el control del aparato estatal. La
autonomía que ahora reclama es la forma de salvaguardar y proteger esas riquezas.
A partir del 5 de
septiembre, los jóvenes fascistas de
La masacre de El
Porvenir, en el departamento de Pando, fue el momento más dramático y
sangriento de la escalada racista. Ante la presión de sus bases,
El prefecto Leopoldo
Fernández, dueño de 50 mil hectáreas y destacado miembro de la “oligarquía
terrateniente, maderera, narcotraficante y racista”, según la organización
campesina, armó mercenarios que emboscaron y ametrallaron una columna de 1 500
campesinos que acudían a Cobija a decidir cómo enfrentar la escalada fascista,
los persiguieron monte adentro y los remataron heridos e indefensos. Al menos
30 campesinos fueron asesinados de esa forma el 11 de septiembre y durante las
cacerías posteriores.
La tibia y tardía
respuesta del gobierno y la bronca acumulada en dos años y medio, en los cuales
el MAS espolea la movilización social para negociar en
mejores condiciones con la oligarquía y sus prefectos, forzaron a las
organizaciones sociales a tomar la iniciativa. El Plan 3000, un enorme
asentamiento de 200 mil personas y 87 barrios en Santa Cruz, poblado por migrantes aymaras y quechuas,
resistió con valor las embestidas de los grupos de choque. Sus pobladores no
acataron los paros impuestos y se enfrentaron cuerpo a cuerpo con los matones
que pretendieron destrozar los mercados populares. Como sucedió en El Alto en
octubre de 2003, las mujeres pusieron en fuga a los racistas, mostrando que un
barrio entero se ha convertido en nuevo bastión indígena urbano.
En Sucre -donde en
mayo pasado jóvenes universitarios desnudaron y obligaron a arrodillarse a
decenas de campesinos que acudían a un acto del MAS- a
fines de agosto, la humillación se convirtió en cerco multitudinario a la
orgullosa capital departamental. El cerco encabezado por
En septiembre, luego
de la masacre de El Porvenir, 20 mil campesinos e indígenas cercaron la ciudad
de Santa Cruz para “condenar la masacre y el genocidio de nuestros hermanos
campesinos e indígenas de Pando” y defender la unidad del país (ver comunicado
de
La movilización
social, masiva y contundente, como la que caracterizó el ciclo de protesta
2000-2005, volvió a ser un factor decisivo en la nueva coyuntura que atraviesa
Bolivia. Como apunta Raquel Gutiérrez (“Vientos de guerra civil en Bolivia, Programa de las Américas,
23 de septiembre), en la actitud de los movimientos “se nota un nuevo margen de
autonomía política recuperada ante las decisiones gubernamentales”, toda vez
que han comprendido que el gobierno será incapaz de detener a la oligarquía,
“pero no están, al menos tendencialmente dispuestos a
subordinarse a que ese gobierno les garantice lo que anhelan”.
Una buena muestra de
esa autonomía y del carácter del actual protagonismo de los de abajo, es el
comunicado emitido el 17 de septiembre por
No aceptamos que se
toque el texto constitucional aprobado en Oruro. No nos parece hermano
Presidente que se deba entrar a entablar acuerdos políticos respecto de la
autonomía sin mostrar a las organizaciones sociales cuáles son los alcances de
éstos, que podrían tener efectos negativos sobre la autonomía
indígena-originaria-campesina. Queremos reclamarle la poca consideración y
apoyo por parte del gobierno a las organizaciones de tierras bajas que fueron
objeto de despojo de sus instalaciones y sedes. No puede hermano Presidente
concluir este diálogo cambiando disposiciones del nuevo texto constitucional
relativas al capítulo sobre autonomías indígena-originario- campesinas, a
nombre de la pacificación del país, lesionando nuestras demandas conquistadas
con sangre de valerosos compañeros.
Si alguien podía
pensar que el conjunto del movimiento social había sido cooptado por el
gobierno de Evo Morales, declaraciones como la anterior, que abundan estos días
en Bolivia, enseñan una inequívoca autonomía. Más aún, le marcan la cancha al
Estado, le ponen límites al gobierno. Ésta es, ciertamente, la faceta más
esperanzadora que muestra la crisis boliviana. En buen romance, los de abajo
están diciendo que prefieren morir en la guerra que arrodillarse ante los
opresores. Más: que la prudencia y la consideración hacia el “hermano
Presidente”, tienen un límite. Que su destino lo decidirán ellos mismos.