UNA DUDA LEGÍTIMA (*)

Marcos Domich

Nos habíamos propuesto empezar una especie de balance sobre los acontecimientos internacionales del año que concluye. Pero siempre surge algún acontecimiento que ocupa la mente con machaconería. Esta semana ha sido ocupada por el asesinato de Luis Francisco Cuellar, gobernador del Departamento de Caquetá, Colombia.

Ningún grupo armado y menos ninguno de los insurgentes (FARC, ELN) se ha atribuido haberlo ejecutado. Sin embargo, Uribe y su gobierno, sin exhibir una sola prueba ya le han cargado la culpa a las FARC. El asesinato se produjo el lunes. El martes el Comandante General de las FF AA colombianas, es decir, Uribe mismo, ordenaba que se lanzaran operativos militares contra los raptores de Cuellar y declaró una suerte de ofensiva general para “liberar” a todos los retenidos por las FARC.

De inmediato hay que plantearse más de una pregunta: ¿Por qué lo secuestran a Cuellar ahora y luego lo asesinan? Su cadáver ha sido encontrado en San Antonio de Atenas, una localidad cercana a Florencia, capital de Caquetá. ¿Por qué Caquetá? ¿Por qué Uribe lanza lo que es, a todas luces, una ofensiva militar y rechaza todos los procedimientos pacíficos, sobre todo para liberar a los retenidos de las FARC?

¿Qué tiene ver la instalación de bases militares estadounidenses en Colombia y apuntando a todo el continente sudamericano? ¿Por qué Uribe moviliza tropas hacia la frontera con Venezuela y amenaza sobre todo al Estado de Zulia? ¿Por qué Colombia viola el espacio aéreo venezolano con aviones de guerra norteamericanos no tripulados?

Ni el régimen uribista ni el imperialismo que lo prohíja dan puntada sin hilo. La verdad de lo sucedido el lunes 21 arranca del mes de abril, cuando las FARC anuncian la liberación unilateral de Moncayo y otro retenido. Hacía de mediadora, otra vez, Pilar Córdova, la activa senadora y luchadora colombiana que antes había logrado ya liberación de otros retenidos. Estos debían ser entregados antes de las fiestas de fin de año. Todo estaba listo, pero Uribe repudia los procedimientos pacíficos. De acuerdo con su fracasada política de “seguridad democrática” tiene un solo objetivo: derrotar y borrar del mapa particularmente a las FARC que llevan cerca 60 años combatiendo contra los latifundistas y la oligarquía colombiana. Cuando dijeron que las FARC estuvieron a punto de ser aniquiladas, se conoció del pacto entre ellas y el ELN, para combatir al “presidente narcoparamilitar”. Hubo importantes acciones que demostraban que la guerrilla estaba muy lejos de desaparecer y menos de ser derrotada.

La elección de Caquetá para este sucio asesinato no es casual. Aquí el Partido Comunista fue realmente una fuerza política de importancia. Hacia 1990 tenía más de 2.500 militantes y mucha influencia en las organizaciones sindicales, de estudiantes y de maestros en particular. Eligió varios diputados y concejales. Fue cuando comenzó la guerra sucia contra los miembros de la Unión Patriótica, fuerza unitaria que amenazó el dominio de los partidos tradicionales.

En Caquetá se encuentra San Luis del Caguán donde, durante el gobierno de Pastrana se llegó al acuerdo de otorgar a las FARC 40.000 has. desmilitarizadas y donde éstas expusieron su política de paz al mundo. Todo eso estaba retornando al Caquetá: la organización, la influencia de la izquierda, articulada ahora en el Polo Democrático Alternativo, etc. Uribe entonces recurre a la artera maniobra de culpar a las FARC del asesinato de Cuellar. Dudamos sinceramente de Uribe. La FARC no tenía porque ejecutar este acto salvaje. La verdad se conocerá en poco tiempo.

(*) Publicado, ligeramente resumido, en OPINION de Cochabamba el 27-12-2009.