Editorial
Avances
y vicisitudes del proceso
nacional
liberador
Algo
más de un año de la gestión
presidencial de Evo Morales se
puede afirmar que ha logrado asentar la imagen de un régimen
que va en
procura de un cambio real. Pero es
innegable que el proceso no transcurre sin dificultades, sin
tropiezos y hasta sin sobresaltos. Hablando de estos últimos
podríamos decir que las últimas confrontaciones
son, por ahora,
de poca monta para la tradición boliviana de las batallas
sociales. Pero
al mismo tiempo son casi, si se permite la comparación, como
un clon:
encierran todos los elementos que desplegados darán el
cuadro completo
de una confrontación de grandes proporciones. Es que la
lucha de clases
es así. Nunca, ningún proceso de cambio
social o una
revolución propiamente dicha, ha transcurrido de manera
idílica.
Cuando se afectan intereses grandes (y hasta pequeños) los
afectados
–reales o ficticios – tienden a reaccionar de una
manera iracunda.
La
iracundia, que puede alimentar las acciones aparentemente
más
irracionales y antihistóricas, tiene siempre una
explicación en
las raíces a veces inadvertidas y no manifiestas de
intereses materiales
muy concretos. Estos intereses, de cualquier manera que se expresen, en
la
sociedad contemporánea, tienen un trasfondo de clase social.
La
defensa del interés, en este caso privado o el intento de
reivindicar el
interés colectivo generan violencia social. Esto
no es reduccionismo ni
clasista ni político ni economicista.
Los
desheredados, los desposeídos de la sociedad capitalista,
los que nada
tienen o tienen muy poco, se ven obligados a utilizar la fuerza para
obtener
aquello que les ha sido sistemáticamente negado o arrebatado
y
está ferozmente custodiado en manos ajenas. Estas manos,
pocas pero muy
poderosas, recurren a la fuerza para conservar lo que detentan. De
hecho la
existencia de dos polos de fuerzas contrapuestas lleva a plantearse si
hay o no
una legitimidad en alguna de ellas. En este punto preciso es donde se
ponen a
prueba los dos únicos enfoques posibles sobre la
ilegitimidad o
legitimidad de la violencia, sobre su carácter negativo o
positivo. Cada
uno de estos enfoques tiene su metodología y está
iluminado por
una concepción doctrinal o ideológica. Para
nuestro
análisis dialéctico, materialista y objetivo, la
violencia social
que quiere acabar con el dominio de los habituales detentadores de la
riqueza,
es una violencia positiva, constructiva y que va de la mano con la
corriente
histórica del cambio y del progreso social. Es la violencia
social en
pos de la equidad y la justicia. Por el contrario, la
violencia negativa,
fundada en un análisis puramente subjetivo, idealista y
conservador es
una violencia plena de obsolescencia, retardataria y
enfrentada al necesario progreso
social.
La
dialéctica de fuerza contra fuerza es la que origina la
espiral de la
violencia social. De esto tenemos muchos ejemplos en Bolivia. Pero
antes
aclaremos algo más acerca de la violencia social. La
violencia social no
siempre es material y física; esta última es
sólo uno de
los tipos posibles de violencia. La violencia social también
puede ser
política, armada, legal y hasta psicológica. El
rasgo
común a toda forma de violencia es la tentativa de
imposición de
la voluntad de unos sobre la voluntad de otros. Otro rasgo
característico es el paso de un tipo de violencia a otro, en
una suerte
de inevitable escalada. De las formas sutiles se pasa a formas
más
explícitas y duras, hasta llegar a la violencia cruenta.
En
una sociedad capitalista como la boliviana, la violencia social, es
“un
producto inherente y lógico” y tiene un fundamento
inapelable:
parte de la defensa de propiedad de los medios de producción, de las
consiguientes relaciones de
producción que de aquella se derivan y de la forma
cómo se
apropian de la riqueza producida.
El
gobierno de Evo Morales dio un paso significativo con el Decreto
Supremo 28071
de recuperación de los yacimientos de gas y
petróleo el 1 de mayo
del año pasado. No es técnicamente una nacionalización,
como se la ha llamado, pero es una importante medida que devuelve al
control
del Estado, mediante Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos
(YPFB), eslabones vitales del proceso de producción y venta
del gas. Los
simbolismos en la ejecución del decreto no son un show
(fuerzas armadas,
etc.), sino un explicitar irrefutable de la recuperación de
la
soberanía nacional sobre sus recursos naturales. En torno a
este asunto
la batalla continúa y aún no está
escrita la última
página. Pero está demostrado cómo los
“afectados” (las transnacionales) se defienden y
continúan
moviendo todos los hilos posibles para frustrar el proceso de
recuperación nacional de las concesiones que detentaban de
modo omnímodo.
Pero las transnacionales tienen direcciones expertas que no
actúan
burdamente. Saben hacerlo con sutileza y habilidad empezando
por la
cuidadosa preparación del terreno subjetivo: propaganda,
difusión
de prejuicios y sobre todo estereotipos que generan estados de
ánimo
adversos al proceso, a su gobierno y a sus protagonistas. Se trata de
toda una
batería de elementos de la guerra psicológica
cuyo objetivo
fundamental es, si acaso no ganar la mente y la disposición
de la gente
en contra del proceso, por lo menos confundirla o neutralizarla.
No vamos
a entrar en detalles sobre todos los elementos que implican este tipo
de
acciones cada vez más complejas, profesionales y que
crecientemente
echan mano a los elementos modernos que le brindan diversas
disciplinas. Todo
puesto al servicio de acciones contrarrevolucionarias. Sin embargo, no
se acude
sólo a los elementos sutiles, imperceptibles para el gran
público. También se recurre a los
métodos directos,
visibles, ya conocidos. El problema de la tierra parece ser el campo
más
fértil para este tipo de accionar. Los
latifundistas del oriente que
hace tiempo presentían su destino con un gobierno popular,
incluso antes
de la reforma de ley agraria, ya habían proclamado directa y
rotundamente que defenderían sus propiedades inclusive
acudiendo a la
armas y ofrendando sus vidas. Es la historia de siempre y que en
Bolivia repite
los episodios de 1953 cuando se realizó la primera reforma
agraria,
después de
Los
latifundistas y grandes empresarios agrícolas, pecuarios y
agroindustriales esconden la defensa de sus intereses
egoístas, sobre
todo detrás de exacerbados ánimos autonomistas. Sus adláteres
en
Pero
el ejemplo más patético de cómo la
violencia social
puede llegar a extremos incomprensibles y hasta enmascararse con
actores de
extracción popular, es el conflicto del distrito
minero de Huanuni, en
torno a la posesión del rico yacimiento
estannífero del cerro Posoconi.
En el fondo se
trataba de intereses económicos de distinta
extracción de clase. Posoconi
estaba siendo explotado simultáneamente por
Algo
más reveló el conflicto de Huanuni. Era
el choque entre los intereses de empresas privadas frente a una empresa
estatal. Patentemente, fue el choque de dos concepciones
distintas del
manejo de la minería: una estatal, que defendía
el rol de la
gestión económica de un Estado que
manejó 50
años lo más importante de la minería
nacional. La otra
privatista, vástago innegable del neoliberalismo y de la
expansión de la minería privada que
llegó a la
presidencia con el industrial minero Sánchez de Lozada.
Huelga decir que los cooperativistas de base, con o sin salario,
trabajan en
las condiciones de la mayor desprotección so pretexto de
flexibilidad
laboral.
Pues
bien, bajo la égida de un ministro
“cooperativista” y con el
estímulo del alza de los precios de los minerales, se
pretendió
relegar a la empresa estatal y usurparle los niveles y parajes
más rentables.
Para ello no trepidaron en esbozar un plan de ocupación de
la totalidad
de la mina recurriendo a la fuerza que, en un sangriento episodio produjo cerca de
60 muertos y
numerosos heridos y grandes daños materiales.
Quedó claro que
hubo premeditación y asesoramiento e incluso la presencia de
expertos
tiradores de élite.
La derecha
pretendió explicar el cruento incidente como un choque entre
“trabajadores mineros”, cooperativistas los unos,
asalariados los
otros. Procuraron borrar toda huella política o
ideológica.
Empero el presidente tomó decisiones correctas gracias al
asesoramiento
de antiguos dirigentes mineros. Destituyó al ministro
“cooperativista” y fortaleció la empresa
estatal con la
incorporación de algunos miles de cooperativistas
dándoles una
condición obrera que de hecho significa otro status social.
Otro
episodio que tuvo también serias repercusiones fue el
reciente conflicto
de la localidad petrolífera de Camiri. Se produjo un bloqueo
de rutas
que culminó con la toma de instalaciones petroleras y el
cierre de
válvulas de gasoductos. El simple incumplimiento o la demora
en
satisfacer un pedido local, referido a la estructura de mando de la
empresa
estatal, YPFB, provocó un conflicto de proporciones que la
derecha en
general, pero sobre todo la de Santa Cruz quiso aprovechar
rápidamente:
Se tornó, de súbito, sensible a los
requerimientos de sus
provincias y los apoyó con vehemencia.
Paradójicamente se produjo
una coincidencia de posiciones entre planteamientos altisonantes de
tono
patriótico y popular de parte de la población de
Camiri y el
apoyo del Prefecto y del Comité Cívico de la
capital
cruceña, conocidos por su radical oposición al
gobierno de
Morales.
Hay
mucho de común entre el origen y la mecánica de
estos conflictos.
Ambos se han dado sobre la base de la participación de
movimientos
sociales. Los unos cooperativistas, los otros pobladores y miembros de
un
movimiento cívico. Hay que extraer varias
enseñanzas de ambos. La
primera, es que los movimientos sociales tienen una variedad
infinita de
motivaciones, composición socialmente diversa y hasta
políticamente variopinta. No hay
homogeneidad entre ellos acerca
de los objetivos generales que persiguen; sus preocupaciones
están
marcadas por objetivos concretos, por el logro de soluciones a sus
dificultades
cotidianas. Esto está directamente enlazado con
sus conducciones y
conductores que suelen ser de tipo caudillista local o sectorial, pero
que
tienen claras limitaciones para entender cuáles son los
objetivos
finales de un proceso político como el que vive Bolivia.
Impregnados
de un falso radicalismo o promotores de acciones
extemporáneas pueden
hacerse funcionales a lo que busca la derecha y alienta el
imperialismo: la
creación de un clima de desorden, de caos, donde nadie se
entienda y el
gobierno sea incapaz de jugar su rol de conducción y de
construcción. En este orden hay que rescatar los momentos de
la
máxima lucidez de las masas, de los movimientos sociales
populares, como
se dieron en Octubre del 2003 y en las urnas en diciembre de 2005. Las
representaciones sociales y la conciencia política
alcanzadas hay que
proyectarlas y sostenerlas en el largo aliento.
Otras
importantes medidas ha llevado adelante el gobierno de Morales. Nos
referimos a
la campaña de alfabetización, a la
extensión de los
servicios médicos, a la creación de incentivos
para la
escolarización (bono Juancito
Pinto); al
inicio de planes para la industrialización del gas natural,
etc. En
estas realizaciones ha contado con el invalorable apoyo y
cooperación de
Cuba y Venezuela. Es innegable también que ha logrado
mejorar los
términos de venta del gas a países vecinos como
Es
también importante y va en buena dirección el
ajuste ministerial
que realizó al año del comienzo del proceso de
cambios. Empero
hay aún notables deficiencias y hasta errores, atribuibles
sobre todo a
la distinta mentalidad y distinto origen, político e
ideológico,
de colaboradores cercanos de Evo Morales. El estilo de
conducción y
ciertos nombramientos desatinados, han llevado a cierta
pérdida de
sustento, particularmente de las capas medias y la intelectualidad.
Pero todas
estas deficiencias y errores son corregibles en la medida en que den
sus frutos
los mecanismos de una dirección efectivamente colegiada y
ante todo se
monte un aparato de conducción disciplinado y ante todo
honesto e
idóneo. En suma: el actual proceso
político boliviano - que
configura un desarrollo nacional liberador por sus medidas de
carácter
popular, antineoliberal,
antioligárquico
y antiimperialista – puede desembocar en una etapa superior
francamente
revolucionaria. Pero puede hacerlo sólo a
condición de
mantener firmemente el rumbo trazado, de organizar una
dirección
colegiada, democráticamente conformada, verazmente
representativa desde
la base y con la incorporación orgánica de las
fuerzas sociales
motrices del cambio revolucionario. El programa transformador tiene que
ser
aplicado con apego a la metodología y los procedimientos
científicos y no a la espontaneidad y el voluntarismo.
Una palabra
final sobre