EDITORIAL
QUE
Hegel acuñó aquella sentencia
de que
la historia se repite. A lo que Marx, agregó: Se le olvido
decir, a
Hegel, que una vez lo hacía en forma de tragedia y la
repetición
como farsa. Eso parece estar sucediendo en nuestro país
empero, los que
debieran entender que la tragedia y la farsa son igualmente
dañinas para
el pueblo, se ve que no asimilan las lecciones de la historia. Peor
aún,
se proponen ignorar la historia.
Las últimas semanas se han caracterizado
por una notable agudización de las tensiones
políticas en el
país. Marchas, bloqueos con las más variadas
demandas;
desabastecimiento de carburantes, paros de panificadores, consiguiente
alza del
pan; ultimátums de toda clase y hasta proclamas de franco
corte
anticonstitucional; por lo tanto sediciosas. Es paradojal, pero algunos
de
estos acontecimientos tienen por protagonistas a sectores que
pertenecen a lo
que podría llamarse, sin error, pueblo. El bloqueo de rutas
más
importante lo realizaron los mineros, trabajadores cuya historia no
puede tener
más títulos y galones, todos ganados en grandes
batallas sociales
derrocando dictaduras civiles o militares o sacrificando sus vidas en
la lucha
por una vida mejor.
Al otro lado de los acontecimientos estaban
avezados y poderosos señores capaces de movilizar a miles de
ciudadanos
detrás de una quimera llamada autonomía. Quimera
que nunca la
plasmarán en la práctica, simplemente la ofertan,
eso conviene al
enmascaramiento de sus intereses reales.
Aunque
estos actos no sorprenden a los que conocen los vericuetos del
acontecer
político boliviano no dejan de provocar interés
en encontrar
explicaciones plausibles al comportamiento
casi similar de sectores, política y socialmente, en
posiciones antípodas
y en una nueva situación histórica desde
la
instauración del nuevo gobierno en enero del 2006. Se
impone, por
consiguiente, un análisis más penetrante y libre
de preconceptos
para descubrir las causas reales de estas conductas exteriormente
similares.
Dos acontecimientos de desigual
dimensión,
con motivaciones visiblemente diversas, pero de gran efecto
mediático,
han ocupado la atención de una opinión
pública cada vez
más inquieta. El 2 de julio - conmemorando un año
de la
realización del referéndum que consultaba la
convocatoria a la
Asamblea Constituyente (AC) y a las autonomías
departamentales - el
prefecto de Santa Cruz, rodeado de los representantes del
Comité Pro
Santa Cruz y otras rancias instituciones, pero también con
la presencia
de representantes de una que otra organización laboral y
hasta algunos indígenas
acarreados, recibía un “Estatuto
Autonómico Departamental”.
Su texto, sin recaudo alguno, puso en el tapete todas las cartas de las
clases
dominantes y las fuerzas controladas por la derecha. Lo medular del
estatuto estriba
en las competencias que se
autoasignan los “gobiernos departamentales”. Entre
otras figura la creación de la
cédula de
identidad cruceña, la ciudadanía y,
con ella, la capacidad
de determinar
límites al
flujo migratorio hacia Santa Cruz. Como ya se ha dicho es, por lo
menos, un Estado dentro de otro Estado y
con
el pretexto de la cédula, la posibilidad de los primeros
indocumentados candidatos
al abuso y la explotación. También se da la
competencia de crear
órganos de control social propios (autónomos);
órganos
electorales igualmente propios y sobre todo la capacidad
de determinar la asignación de tierras tanto
individual como colectivamente.
Los movimientos de la derecha cruceña
son
dignos de examinarse con algún detalle. Lo que formulan
algunos
dirigentes, es rectificado por otros casi de inmediato, para que unos
terceros
vuelvan a la primera versión pero ya con un tono elevado
lanzando
epítetos contra los “rectificadores”.
Cuando se presentó
el estatuto en Santa Cruz dijeron que sería de
aplicación
inmediata. Ante el estupor generalizado y hasta por el rechazo en
algunas
provincias cruceñas, se dijo que sólo era un
“proyecto” destinado a ser socializado. Es cuando
se lanza hasta la
sindicación de traición, a los representantes
orientales que se
atreven a señalar el error que se cometía y se
amenazaba
definitivamente con el desconocimiento de la AC y la vigencia
unilateral del
Estatuto que sería aprobado por un referéndum
departamental. No
hay nada que agregar a estas afirmaciones que confirman lo que se ha
denunciado
reiteradamente desde estás páginas: el autonomismo de las clases dominantes responde
única y
exclusivamente a la preservación de sus intereses
egoístas y
antipopulares.
El segundo acontecimiento es el bloqueo de caminos
y el ulterior paro que determinan los mineros asalariados de Huanuni,
la mina
de estaño más importante del país. El
punto del corte de
ruta afectaba al flujo del volumen más grande de pasajeros y
mercancías en el país. El pliego petitorio minero
contabilizaba
unos 12 puntos y luego 18; algunos mal formulados, otros
difíciles de
catalogar como reivindicativos. En suma, recordaba
a las huelgas salvajes de los tiempos de la UDP aunque, por
lo menos en la
base, no había la intencionalidad maligna que sí
podía
detectarse en dirigentes de dudosa trayectoria y conducta. La endeble
justificación del paro se hacía visible en la
dificultad que
tenían aquellos para explicar su reticencia al
diálogo con el
gobierno, que llegó a comprometer la asistencia del propio
Presidente de
la República.
Todos los acontecimientos a que nos referimos
transcurrían en medio de una inaudita algarabía
mediática.
Apenas una que otra radio, muy tibiamente uno que otro canal de TV y
algunos
periódicos, no precisamente los cotidianos, trataban de
reducir e
interpretar las noticias en sus alcances reales. El resto, que es la
mayoría abrumadora, no sólo difundía
las noticias, sino
que las deformaba y las repetía con una insistencia
inagotable. En la práctica
contribuyeron al
encarecimiento de algunos productos e incluso a estimular elementos
inflacionarios. Esta campaña
mediática, que no ha cesado, es
un extraordinario ejemplo del papel de los factores
psicológicos en el
movimiento económico, particularmente en el monetario. Es un
típico efecto de verismo
([1])
que lamentablemente
se encargaban de reforzar distintos voceros oficiales poco cuidadosos,
desinformados o simplemente torpes. Algunas declaraciones sobre los
tópicos de la subida de precios o la inflación se
convirtieron en
antológicas y explotadas al máximo por los medios
de la derecha. Con
o sin declaraciones desafortunadas, la campaña
alcanzó ribetes
morbosos. Algunos medios se atrevieron a propalar predicciones como
esta:
“habrá hambruna en Bolivia”. Tal es el
contraste con la
realidad que no se atrevieron a repetirla.
Hay otras comunicaciones mucho más
nocivas
porque tienen un cierto aire de seriedad. Es un hecho inapelable que ha
aumentado notoriamente el circulante monetario. Es un resultado,
principalmente, de lo que el país percibe por ingresos por
la venta de
hidrocarburos, el aumento del precio de los minerales y las remesas de
bolivianos que trabajan en el exterior. Pero la
interpretación maligna y mal intencionada se refiere a que
ese incremento del circulante se debiera exclusivamente al aumento del
narcotráfico. Coincidiendo con las declaraciones
del enviado de la
Casa Blanca, Charles Shapiro, está claro que se pretende
encontrar
justificativos para una creciente ingerencia de USA en los asuntos
bolivianos
y, adicionalmente, contribuir al desorden, a la inestabilidad e
inseguridad que
justifiquen movimientos subversivos.
En este capítulo de la
convulsión
social hay varias cosas que explicar al desmontar los elementos que la
componen. En primer término está la actitud en
apariencia
paradójica, de los dirigentes de los afluentes del
conflicto. Tanto la
derecha como la “izquierda” coinciden en concertar
su
artillería contra el gobierno (o
el MAS, que es un espectro orgánico y una nulidad
política) y
en particular contra el Presidente Morales. El envoltorio verbal es,
generalmente, distinto pero la finalidad es la misma: desacreditar al
proceso y
a su conductor principal. Según la derecha, se cierne sobre
el
país una dictadura, se habla de totalitarismo en un
país donde
funciona plenamente la institucionalidad y la legalidad y hasta se
permiten
excesos intolerables por su carácter irrespetuoso. Para la
“izquierda” (delirante o manipulada) el gobierno es
tan neoliberal
como cualquier otro anterior y desvaloriza cualquier medida que se
hubiera
tomado. Ambos extremos no dudan en inventar intenciones y tenebrosos
planes que
se los atribuyen y hasta los tornan inminentes.
Un núcleo donde se centran los
conflictos y
hace de caja de resonancia a todo de tipo de propuestas - desde las
más
descabelladas hasta algunas insólitas, de sorpresiva
aparición -
es la Asamblea Constituyente. Empecemos por un punto
“sorpresivo”
de la agenda: La cuestión de la capitalidad.
Es obvio que este no es asunto de
principio; tampoco es clave para solucionar los problemas centrales del
país y en caso de producirse un traslado de sede
(a Sucre, por Ej.)
generaría un período de caos administrativo y una
sangría
de recursos, sólo para crear la infraestructura necesaria.
También es obvio el carácter inoportuno de la
demanda; sospechoso
el apoyo de la “media luna” y absurdas las
reacciones airadas,
incluida la paceña que responde con un “paro
cívico
contundente” y un inflamado cabildo. Es hora de preguntarse ¿A quién beneficia este
desborde de pasiones regionales?
Los otros problemas de la Asamblea Constituyente
están referidos a asuntos que sí son de real
importancia. Uno de
ellos es la definición del tipo
de país y Estado que queremos. Hasta ahora las
formulaciones
ensayadas no son satisfactorias ni han logrado consensos con evidente
respaldo.
Es cierto que se han descartado algunas formulaciones excluyentes de
simple
contenido etnocentrista (indianista) y también han bajado el
tono las
opuestas, de matriz racista y conservadora, ignorante de la realidad
plural y
diversa de país. Sin embargo, continuará siendo
engorrosa una
definición adecuada. La fórmula del reconocimiento multinacional, plurilingüe
y pluricultural y la
posibilidad de una instancia legislativa (cámara o asamblea
de los
pueblos) parece ser la única salida para un problema
complejo y cuyo
arribo a una situación de equilibrio tardará. En
todo caso
hay que excluir la pretensión de mantener el estado de
privilegio
(posesión de tierras y dominio monopólico de
riquezas) y la
continuación de la exclusión y la
discriminación de los
pueblos originarios. Simultáneamente debe superarse las
tendencias que,
bajo una mal definida “colonización
interna”, pretenden
exclusividades (propiedad de recursos naturales) y exclusiones a partir
del
color de la piel o las diferencias lingüísticas. En
este problema
hay una base cognoscitiva errada y una metodología
política
equívoca. Es el desconocimiento de la condición
de Bolivia como
país dependiente y subdesarrollado. Se pretende ignorar la contradicción principal:
nación versus imperialismo, que es la que hay que
resolver primero:
Construir un país soberano, desarrollar y distribuir mejor
la
economía y proporcionar una vida digna a todos. En esa
medida hay tiempo
y habrá mejores condiciones para superar
la contradicción capital versus trabajo, sin que esto
signifique la
renuncia a la misión histórica de liquidar
cualquier forma de
explotación del hombre por el hombre.
Abordemos un tema pungente: Las
autonomías. Estas pueden existir dentro de
regímenes sociales diversos (capitalistas, socialistas,
etc.) No es su
posible instauración la que asusta en un país
complejo y
centralista como Bolivia. Lo que importa
es a quién va a servir y qué intereses va a
promover. En
pocas palabras no puede ser el terreno para el interminable
enriquecimiento de
unos pocos y la eterna miseria de los más. Las
autonomías departamentales deben partir del principio de la
preservación de la unidad del Estado y del pueblo boliviano.
Respecto
a las aspiraciones de los pueblos
indígenas a una autonomía que preserve
su identidad, su
cultura, su lengua y tenga palabra en el manejo de recursos y riquezas
que les
beneficien no debería haber confrontaciones insalvables. Una forma de solución puede ser la
autonomía expresada en la autogestión ([2])
de zonas nacional-étnicas
homogéneas con la articulación de los municipios
preexistentes. Su
desarrollo, particularmente económico, debe estar en
concordancia con la
planificación departamental y esta, a su vez, con la
planificación central. La instancia superior de
articulación y
homogeneización podría ser la ya planteada
cámara o
asamblea de los pueblos. Sin embargo, habrá que advertir que
la Asamblea
Constituyente en las condiciones y plazos actuales podrá
aprobar
sólo lineamientos generales que debe desarrollarse
ulteriormente.
Para concluir este capítulo referido a
las
tareas de la Asamblea Constituyente debemos considerar que de ella debe
emerger
una Constitución Política que sea un marco
general. No puede ser
una construcción ampulosa que lleve a la coexistencia de
elementos
contradictorios o superfluos. No se trata de que “todos
figuren y se
expresen todas las demandas y aspiraciones”, por
legítimas y
urgentes que parezcan. Si la Asamblea Constituyente se enreda en el
detalle
puede suceder lo que la derecha busca afanosamente: su naufragio y la
apertura
de un período signado por la confrontación que
puede adquirir
formas cruentas.
En seminario que el PCB realizó en Sucre
en
el 2003, además de lo expuesto más arriba
definimos de manera
global el tipo de Constitución necesaria a nuestro
país.
Decíamos entonces: Un régimen
económico mixto con la devolución al Estado de rol protagónico y
la gestión del sector
estratégico (energía, minería y
metalurgia, transportes y
comunicaciones). Liquidación del analfabetismo y desarrollo
de una educación de contenido
popular,
democrático, científico y planificado,
con preponderancia de
la educación fiscal a todo nivel. Un régimen
democrático, de derecho. Las instituciones de
la seguridad y el orden deben modernizarse y regirse por
líneas que
estén en concordancia con el nuevo carácter de la
Constitución.
Las Fuerzas Armadas deben tener la
tarea fundamental de preservar la integridad
nacional y la soberanía. La misión de
la policía debe ser:
preservar la seguridad ciudadana y luchar
eficazmente contra el crimen. El Estado
boliviano es laico y
debe garantizar la libertad de
cultos. En el concierto internacional abogar por la paz, la
exclusión de
la fuerza en la solución de los litigios internacionales, la
solidaridad
con los pueblos que luchan por su independencia o son objeto de
agresión
o invasión de las potencias imperialistas. En
América Latina y el
Caribe trabajar por la integración
real de los pueblos y países que la habitan
Lo que falta para que la historia no se repita
como drama o como farsa es
1) verismo, significa dar apariencias de total verdad a hechos o fenómenos que no poseen tal calidad.
2) ver en esta misma edición “Nación y Nacionalidades” (Tesis política del II Congreso Extraordinario, 1988)