EDITORIAL
VICISITUDES Y PERSPECTIVAS DEL PROCESO BOLIVIANO
Parecería que, a esta altura del año y del transcurso del gobierno de Evo Morales, todas las cartas están echadas. Se sabe cuál es la disposición de las fuerzas sociales, a dónde apuntan las distintas organizaciones políticas, qué pretenden los gobiernos cuyos países tienen algún interés en el curso de los acontecimientos en este país andino-amazónico. No es necesario ser un zahorí para entrever el probable desenlace de los acontecimientos de acuerdo al algoritmo de los procesos políticos bolivianos. Lo sabe la derecha, limitada ella misma pero bien asesorada por la inteligencia del norte. Sus cálculos incluyen todos los elementos y datos de experiencias pasadas para poner fin al proceso de cambios iniciado con la ascensión de Morales a la presidencia.
El logro de este objetivo incluye variantes: desde la creación de condiciones que obliguen a Morales a la renuncia de su mandato o al acortamiento de su período constitucional, hasta su defenestración violenta o la desaparición física. La primera variante, la de elección, es light. Ya hay propuestas como la amenaza de instaurar un juicio de responsabilidades alegando supuesta incompetencia, hasta la comisión de actos de “genocidio”. Tan absurda argumentación jurídica no prosperaría; la derecha no cuenta con la suma necesaria de parlamentarios en el Congreso de la República.
Las variantes non sanctas van desde el cuartelazo clásico, el golpe de estado “cívico-militar”, hasta la secesión y la consiguiente guerra civil que se desencadenaría. Una variante que no se excluye es el magnicidio que se basa en el carácter demasiado personalizado de la conducción del gobierno y su instrumento político, el Movimiento al Socialismo.
Sin embargo, es el separatismo el procedimiento en el que la reacción pone el mayor énfasis. Esta, además, ha puesto en evidencia el papel de las transnacionales y por tanto del imperialismo yanqui. El gesto despectivo de la empresa TRANSREDES, filial de la ENRON estadounidense, de hacer entrega oficial de un gasoducto para el Brasil, al Prefecto tarijeño y no al gobierno central, lo dice todo. La ENRON es aquella empresa tramposa que quebró con escándalo en EUA y que tenía varios pleitos por fraude, daño ambiental en varios países, etc. Su filial en Bolivia produjo daños ambientales en Oruro, realizó contrabando de carburantes, adeuda impuestos al fisco, etc. Desde antes del gobierno de Morales, contribuyó con dinero a las campañas “autonomistas” de la “media luna”.La respuesta no podía ser otra que revertir al Estado la totalidad de sus acciones. Ahora chillan que no se respetó la seguridad jurídica y hasta tienen el desparpajo de amenazar con enjuiciar al Estado boliviano.
Un momento importante de los planes desestabilizadores son los referendos convocados por las prefecturas de los departamentos de las llamada “media luna”: Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Las convocatorias y el verificativo están en flagrante contradicción con la Constitución Política del Estado vigente. Cualquier convocatoria a referendo debe estar respaldada por una ley aprobada por el poder legislativo. Otra ilegalidad, de la derecha, es que la Corte Nacional Electoral no ha autorizado a las cortes departamentales organizar el referendo. Podríamos señalar más violaciones a la ley y las disposiciones pertinentes, pero eso es entrar en la polémica insustancial que quiere la derecha.
Mayor atención se debe prestar es a que la derecha enfocó casi toda su propaganda llamando a “votar por la autonomía”, cuando lo que estaba en consulta eran los “estatutos autonómicos”; primera trampa. Segunda, el verificativo de los referendos fue amañado, sin control, con votantes fantasmas y hasta con papeletas marcadas y urnas ya llenas.
A pesar de lo anterior, es más pertinente discutir los resultados de los referendos hasta ahora realizados. En Santa Cruz los promotores hablaban de una concurrencia de casi un millón de ciudadanos, pero asistieron menos de medio millón. La Corte Electoral Departamental de Santa Cruz, informó que la abstención – que fue combativa - sumó casi el 40%. Votaron por el SI 80% y por el NO 16%. Las cifras de Beni y Pando son aún menos favorables para los autonomistas y el curso mismo de la campaña revela una mayor resistencia popular. En Beni se realizaron seminarios que rechazaron el proyecto de la derecha, planteando otro alternativo que regiría después de la aprobación de la nueva constitución política. En Pando sucedió otro tanto.
El quid de una autonomía, para apreciar su calidad, consiste en conocer sus alcances, sus competencias, sobre distintos aspectos de la vida social, pero esencialmente de la economía, el régimen de propiedad de los medios de producción, en particular de las tierras; del régimen de salud y educación, de los derechos sociales y de la seguridad ciudadana. No tenemos el espacio necesario para demostrar, en cada uno de los pocos ámbitos antes señalados, que el estatuto cruceño es una suerte de constitución para un nuevo Estado. Incluso pretende regir en materias como las relaciones internacionales e instituciones como las fuerzas armadas y la policía cuyo carácter republicano y nacional no es hora de discutir.
Los estatutos hasta ahora aprobados son la negación de Bolivia. Dan a pensar que persiguen provocar una reacción, si se quiere, sobredimensionada que luego justifique el enfrentamiento y el estallido de un conflicto armado. Buscan desembozada y directamente la secesión. A este movimiento centrífugo quieren arrastrar a los departamentos de la “media luna” y si pueden a otros más.
Como una respuesta a las acciones de la derecha, el gobierno planteó, ya en diciembre del año pasado, la convocatoria a las urnas para realizar un referendo revocatorio. La revocatoria se dirige al binomio presidencial y a todos los prefectos departamentales. La oposición de derecha mantuvo el proyecto encarpetado en el Senado de la República. Súbitamente y, en un mal cálculo, queriendo sorprender al gobierno, la derecha senatorial aprobó el proyecto que había sido presentado por el Ejecutivo y ya aprobado por diputados. El 10 de agosto las ánforas esperan a la ciudadanía para dirimir, una vez más, por la vía pacífica y democrática, el gran diferendo político que tensa al país. Más adelante discutiremos si es posible alcanzar ese objetivo, ahora veamos brevemente la disposición de las fuerzas que entran a la lid.
La derecha es escéptica y en algunos niveles, que no son pocos, totalmente adversa a esta manera de dirimir el conflicto político. Busca torpedearlo y es probable que, conforme se acerca el día de su verificativo, acuda a sus peores recursos violentos.
La razón fundamental es que Evo Morales puede ganar el referendo y que los prefectos en su mayoría de sean revocados. El único, de la “media luna”, que tiene posibilidades de ganarlo, es el prefecto de Santa Cruz. El resto están en la cuerda floja y de algunos se podría decir que ya preparan sus maletas.
Hay otro factor adicional que ha hecho perder fuerza a la oposición. Conforme avanza el tiempo se descubren sus falacias y mentiras, se hace visible el incumplimiento de sus ofertas y se desnudan sus reales intenciones. Entre sus falacias, su permanente faltamiento a la verdad, están el atribuir al gobierno, por ejemplo, las muertes producidas en La Calancha en noviembre del año pasado; los 18 muertos entre mineros asalariados y cooperativistas, producidos en Huanuni; que se hubiera capturado a un ciudadano venezolano con 800.000 $US y otra infinidad de patrañas ampliamente difundidas por la prensa, pero nunca comprobadas.
Entre las ofertas incumplidas o cumplidas a medias resaltan las de las autoridades y dirigentes cruceños. Prometieron para “el día siguiente” al referendo un salario mínimo departamental de 1.000 Bs. Se trata ciertamente de una promesa demagógica; muchos empresarios ya han declarado su impotencia para afrontar semejante aumento. Afirmaron que establecerían relaciones directas con países extranjeros para la exportación de productos (soya, aceite, etc.) pero no pasaron de posesionar a unos personeros inútiles encargados de “comercio exterior”, sin más competencia” que apoltronarse en sus oficinas.
Sus reales intenciones autoritarias se descubren con los actos de desborde racista que se conocieron no sólo en el país, sino que los evidenciaron ante el mundo entero. No permitirán que se toquen “sus tierras” y quieren mantener el sistema de explotación del hombre como en siglos anteriores. ([1]) Implantarán un sistema de compulsión, de chantaje y de matonaje, que deja a los ciudadanos a merced de escuadras de corte fascista. Allí donde su dominación tiene una contestación incipiente o pequeña, el sufragio libre no funciona. Su referendos y elecciones son ridículas pantomimas.
En suma, la derecha y la reacción, pese al inmenso aparato propagandístico que los respalda, está perdiendo peso, influencia y sobre todo credibilidad. Empero, no se puede decir que ya está derrotada. Cuenta con muy ingentes recursos, con aliados poderosos como el imperialismo y todas sus agencias; con gobiernos como el de Uribe.
La afirmación de que es posible el éxito popular en el referendo revocatorio de agosto, se basa en apreciaciones políticas planteadas con rigor analítico y en insumos fácticos confiables. Hasta encuestas sesgadas otorgan a Evo Morales entre 45 y 48% de la intención de voto en su favor. Las más serias dan hasta más de 55%. Varios prefectos serían revocados, incluidos algunos de la “media luna”. Poco interesa en este momento analizar los factores que contribuirían a la cancelación del mandato de los prefectos departamentales. Mucho más interesa prever cómo Evo Morales puede mantener su ventaja y convertirla en algo macizo. Es pues, la hora de las rectificaciones.
Ante todo se debe procurar parar el deterioro o desgaste de la figura presidencial. Tiene que intentar recuperar el apoyo de las capas medias cuando fue elegido presidente. Evitar el desgaste implica sobre todo el cumplimiento coherente y programado de un plan mínimo que realice el cambio avanzado. La aplicación de ese plan debe comenzarse ahora y, con renovados bríos, después del éxito en el referendo. Tiene que ser vencida la resistencia de la oligarquía y sus expresiones políticas que han logrado paralizar la aplicación de importantes medidas. Sobre todo es visible que el latifundio ha quedado intacto. Tampoco la recuperación de los hidrocarburos se ha acompañado de la construcción de plantas de separación de líquidos. No se ha restablecido plenamente YPFB. No se está aprovechando la coyuntura de buenos precios de los minerales, no se corta el contrabando de éstos y no se fortalece COMIBOL. La explotación del hierro del Mutún pudo haberse contratado sobre mejores bases. Los mejorados ingresos han dado lugar a que se acumulen cerca de 7.000 millones de dólares en reservas internacionales. Sin embargo, se procede con ellos con una concepción rentista y no productiva. En fin, no se están aprovechando al máximo no sólo las favorables condiciones del comercio exterior, sino que no hay una planificación ni siquiera de mediano plazo. En muchos ámbitos se responde como por reflejo, sin previsión, sin fijar metas. La publicitada presentación por el Vicepresidente del nuevo modelo económico, denominado “Estado Nacional Productivo”, revela improvisación y gruesas fallas metodológicas. El esquema “piramidal” de la producción presenta al Estado en la cúspide, semejando apenas la punta de un iceberg con un gran cuerpo de medios de producción privados. ¿Acaso es una versión revisada del “capitalismo andino”? Por arte de magia el Estado, en “alianza” con las pequeñas y medianas empresas, domina un 56% del PIB. Se pasa por alto la naturaleza de la empresa capitalista. Ésta, grande mediana o pequeña tiende al crecimiento, concentración y expansión. Resulta, pues, que el modelo no desbroza caminos para la superación del capitalismo.
El mundo vive una crisis referida, en lo fundamental, al encarecimiento de los hidrocarburos, a la carencia de recursos hídricos y el encarecimiento de los alimentos. Bolivia está excepcionalmente dotada para enfrentar los problemas de estos tres elementos. Ante todo, los esfuerzos principales deben estar dirigidos a satisfacer las necesidades nacionales. Debe procurarse, primordialmente, lo que ha venido en llamarse la soberanía alimentaria, que se puede lograrla en poco tiempo. Producir trigo y otros cereales, leche, huevos, papas, carnes y establecer controles del abastecimiento a partir de la organización del propio pueblo.
Para finalizar. Debe darse el esperado golpe de timón depurando la dirección del proceso, intensificando la lucha contra la corrupción; despersonalizando la conducción y haciéndola colegiada y compactando las organizaciones sociales populares y las organizaciones sindicales y de izquierda.
[1] ) La Comisión de Derechos Humanos de la OEA ha informado que su investigación ha constatado formas de “esclavitud moderna” en la zona guaraní del sur del país. (Ver entrevista a V. Abramovich, La Prensa, 14-VI-08).