PRONUNCIAMIENTO DEL PARTIDO COMUNISTA DE BOLIVIA

 

La Comisión Política del Partido Comunista de Bolivia, después de un exhaustivo análisis de la situación política por la cual atraviesa el país, se dirige a todo el pueblo boliviano para  transmitir los aspectos más importantes de este análisis:

 

Desde la segunda quincena de junio, en particular, se ha agudizado la tensión social con la entrada de más sectores a la arena de la confrontación política; en su mayor parte, éstos, han confluido hacia Sucre. Algunas de estas marchas se han referido a aspectos de importancia, discutidos en la Asamblea Constituyente, en tanto que otros han pretendido centrar la atención en planteamientos, en verdad, secundarios, pero han ayudado a poner en evidencia las verdaderas intenciones de una derecha cada vez más osada. Para citar un ejemplo nos referimos a la movilización de estudiantes y catedráticos de algunas universidades privadas en “defensa de la autonomía”, de la enseñanza privada y la “libre elección” del tipo de enseñanza que se desee. Estas consignas no pueden ser más hipócritas al encubrir aviesas intenciones que buscan arrancar ventajas como el eximir -a las universidades privadas- del pago de impuestos y permitir la “libre importación”de insumos para la enseñanza. Esto equivaldría a la “constitucionalización” del mercado libre para la enseñanza privada. Además del trasfondo cínicamente mercantil del planteamiento, el movimiento es definitivamente político y abiertamente financiado por la derecha. Su real motivación es torpedear y hacer fracasar a la Asamblea Constituyente y provocar mayor tensión y desorden propicio a la conspiración que persigue el derrocamiento del gobierno.

 

No es ninguna casualidad que hubieran coincidido nuevas movilizaciones y paros, como el de los panaderos en La Paz, la provocadora toma de parajes del cerro Posoconi en Huanuni; el desabastecimiento de gas, de gasolina y la infundada e inducida alza de precios de artículos básicos de la canasta familiar, más propagandística que real. Los  bloqueos de caminos sobre todo en los departamentos de Santa Cruz, de Beni y Tarija se multiplican y están convirtiendo en caótico el traslado de pasajeros y mercancías. Resulta paradójico que el enfrentamiento más publicitado hubiera sido el que se dio con los mineros asalariados de Huanuni. Detrás de la legitimidad de sus planteamientos se percibe, sin embargo, una intemperancia inexplicable y una extraña reticencia al diálogo. A esto se suma la reaparición de cuestionados ex dirigentes sindicales de oscura trayectoria pasada y sospechosas conexiones en el pasado inmediato. La terca búsqueda de enfrentamientos y la campaña mediática -casi sin respuesta por parte de un ejecutivo vacilante- configuran un claro uso de la “estrategia de la tensión” que prepara el desenlace de los acontecimientos. Sin embargo, todos estos problemas podrían superarse con relativa facilidad, si acaso no transcurrieran con el telón de fondo de la contradicción más aguda y peligrosa, la que amenaza la unidad nacional y cuya apariencia es la confrontación entre oriente y occidente. La derecha política, asesorada, financiada y en colusión con el imperialismo persigue convertir esta contradicción en antagónica, tensionándola al máximo y llevando a la Asamblea Constituyente a un callejón sin salida.

 

El fracaso de la Asamblea Constituyente o también la derrota de las fuerzas de la derecha en ella sería el pretexto para abandonar las formas pacíficas de la disputa política y llegar a la violencia abierta. ¿Pero cuál es el contenido y cuál la esencia de estas confrontaciones? Obviamente, el contenido está dado por los intereses y aspiraciones nacional-étnicas y regionales. Pero es su esencia clasista, en última instancia y en una sociedad capitalista, la determinante. De un lado están las posiciones de una derecha que no quiere reconocer el carácter multinacional, plurilingüe y pluricultural de Bolivia  pero que sobre todo no quiere perder el dominio de las riquezas, de las tierras y de la explotación a que someten a los trabajadores. Particularmente la oligarquía oriental es la abanderada de estas posiciones que, con facilidad apuntan hacia el separatismo. La bandera de las autonomías ayuda a disimular sus verdaderos propósitos que ya se manifiestan como francamente sediciosos. Un ejemplo claro de ello es la declaratoria de “día de la autonomía” al cual le dan un alcance “nacional”; la presentación del Estatuto Autonómico Departamental; el anticipado llamado a la desobediencia civil si la nueva Constitución no llega satisfacerles; la inaceptable propuesta de arrogarse el derecho a regular la migración, la creación de la cédula de identidad cruceña y por  último la facultad de dictar sus propias leyes y organizar sus instituciones de seguridad. Pero son particularmente los preparativos bélicos y la inminencia del desborde de violencia a cargo de organizaciones de franco corte fascista lo que más preocupa. El tráfico de armas y la preparación de grupos de asalto han comenzado hace tiempo y están al acecho esperando que fracasen los métodos políticos.

 

Con motivo de las poco meditadas declaraciones de un ministro del área económica, acerca de la yuca reemplazando al pan, ha estallado una feroz ofensiva comunicacional que pretende desatar la subida de precios y la inflación. Junto a los medios convencionales, están los métodos clásicos como la difusión de rumores que, lamentablemente, son “confirmados” por las expresiones de funcionarios desorejados o de grupos aliados o individualidades inestables y erráticos que, en realidad, con sus afirmaciones y poses radicaloides le hacen juego a la derecha. La fábrica de rumores que es la derecha agazapada, lanza bulos como: “la confiscación de las casas, liquidación de la enseñanza privada, asalto a la propiedad agraria, liquidación del transporte privado de pasajeros, cierre de medios de comunicación”, etc. etc.     

 

En suma, se puede afirmar que la conspiración antidemocrática está acudiendo a todos los expedientes ya conocidos por el pueblo boliviano; suma a ellos versiones nuevas como los del “golpe suave” o el “golpe de mecha lenta”. Ésta no es sino una versión actualizada del viejo método del golpe contrarrevolucionario. Su finalidad es la misma: o cortar abruptamente un proceso de cambio o preventivamente evitar que mellen sus intereses.

 

Hasta el momento el gobierno está basando su seguridad en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Afortunadamente hay una respuesta positiva, apegada a la legalidad, por parte de del Alto Mando e individualmente de uniformados patriotas, sobre todo de las Fuerzas Armadas. Empero no se puede ignorar que hay un trabajo sistemático sobre ellas, de parte de la derecha y del propio imperialismo. Como en cualquier coyuntura política la actitud de estas dos instituciones depende de la correlación de fuerzas en la sociedad. De ahí surge la necesidad de fortalecer la base social que apoye el cambio. Pero vemos una realidad distinta y preocupante. Muchas bases sociales populares actúan anárquicamente y en vez de contribuir a un clima de serenidad y solidez para el cambio, muestran un “movimiento de movimientos” intemperante e intransigente que no acepta coordinación ni regulación alguna.

 

Frente a esta situación, el gobierno parece haber perdido la brújula y se ha tornado errático, en tanto que la suerte del proceso exige definiciones y la toma de medidas serias en varios ámbitos, pero particularmente en la economía, en materia social y en la política.

 

En el ámbito económico es necesaria la adopción de un plan de emergencia que evite las presiones sobre la producción y circulación de productos y servicios de primera necesidad, aprovechando que, afortunadamente, se cuenta con importantes reservas internacionales. Se necesita incentivar las inversiones y crear fuentes de trabajo. Debe superarse la intención neoliberal de depositar nuestras reservas en el exterior para ganar intereses. Lo fundamental es fortalecer el aparato productivo nacional.

 

En lo social: la aprobación de una nueva ley de pensiones y de una vez poner en vigencia la Ley General del Trabajo, derogando el D. S. 21060.

 

En lo político: La creación de un centro articulador que logre la participación orgánica tanto de las organizaciones políticas de izquierda como movimientos sociales. Debe procurarse un trabajo realmente articulado con las bases del MAS y con sus direcciones no sectarias y desprejuiciadas.

 

Es necesaria la ampliación del período de sesiones de la Asamblea Constituyente. Pero debe aprovecharse ese período para formular y reformular definiciones sobre aspectos centrales: Visión de país,  autonomías departamentales y autonomías indígenas que respondan a un examen científico de la estructura nacional-étnica del país. Incluso es necesaria una precisión del léxico en esta materia. Las competencias y determinación de las autonomías sólo pueden ser discutidas y resueltas en el marco de la nueva Constitución Política del Estado boliviano que reconozca el carácter multinacional (plurinacional), plurilingüe y pluricultural y en un nuevo parlamento y mediante leyes específicas. Cualquier anticipación o vigencia de facto de las autonomías es atentatoria a la unidad nacional.

 

En el movimiento sindical  se impone una reorganización que devuelva a los trabajadores el rol que históricamente está llamado a jugar en el proceso de cambio social progresivo.

 

COMISION POLITICA DEL PARTIDO COMUNISTA DE BOLIVIA.

La Paz, 14 de julio del 2007.